sábado, 29 de septiembre de 2007

¿Por qué secuestran las FARC?


Extracto de entrevista a Rodrigo Granda, jefe de las FARC

Juan Tortosa: Las FARC se consideran como un movimiento político-militar que lleva a cabo una guerra social-insurreccional contra el Estado colombiano. A ese titulo las FARC hace prisioneros a policías, soldados, oficiales y mercenarios. Las FARC han decidido secuestrar igualmente a personalidades civiles representativas del aparato estatal colombiano. En fin, ellas secuestran también a civiles cuya liberación estaría condicionada al pago de rescates. SI nadie puede negar que un ejército toma como prisioneros a sus adversarios armados ¿como pueden las FARC justificar el encarcelamiento de civiles? ¿No piensan las FARC que tales prácticas tienden a aislarlas de amplios sectores antigubernamentales de la opinión pública colombiana?

- Rodrigo Granda: La FARC, efectivamente, somos un movimiento político-militar que hace uso del justo derecho a la rebelión contra un Estado que practica una democracia de papel. Nosotros lo que hacemos es responder a una guerra que se nos impuso desde las altas esferas del poder en Colombia. Contra nosotros y nuestro pueblo se ha utilizado durante décadas el terrorismo de estado como método de exterminio.

Desde luego, y eso lo sabe todo el mundo, que una guerra tal necesita financiación. Esta guerra nos fue impuesta por los ricos de Colombia, entonces son ellos los que tienen que financiar la guerra que desencadenaron. Para ello las FARC-EP hacen retenciones de personas por las cuales se cobra una recompensa de carácter económico, que es en realidad un impuesto. Este dinero se destina al sostenimiento del aparato de guerra del pueblo. Como usted tal vez lo sabe, nosotros hablamos de la construcción de un nuevo poder, de un nuevo Estado. Si en Suiza, en Francia o en los Estados Unidos alguien evade sus deberes de pago de impuestos, obligatoriamente ese alguien va a la cárcel. El nuevo Estado que nosotros estamos forjando ha determinado el pago de un impuesto para la paz.

Eso significa que toda persona, natural o jurídica y las empresas extranjeras que actúan en Colombia y que obtengan ganancias superiores a un millón de dólares anuales, deben pagar un impuesto para la paz equivalente al 10% de esas utilidades. A los deudores se les anuncia que deben entrar a conversar y a cancelar dicha suma con los responsables de finanzas de las FARC. Si no lo hacen, desde luego, esas personas, son retenidas y llevadas a prisión hasta que paguen y cumplan con sus obligaciones con quienes asumimos esta obligación del Nuevo Estado, construido y liderado por las FARC, actuando como Ejército del Pueblo.

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