sábado, 15 de diciembre de 2007

Bush no quiere que se sepa nada acerca de los videos de la CIA

Washington, 15 dic (PL) El gobierno del presidente George W. Bush solicitó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes retardar la investigación sobre los videos de torturas destruidos por la CIA, informa hoy The New York Times.

La petición fue realizada por el Departamento de Justicia, tras alegar que la pesquisa de la cámara baja representa "riesgos significativos" para la propia indagación que sobre el tema realiza la fiscalía general.

Según el Times, esa secretaría asume incluso una postura más hermética hacia otros comités del Congreso que dan seguimiento al escándalo de los videos, al negarles todo tipo de información sobre el controversial asunto.

El director la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Michael Hayden, tuvo que comparecer el martes último ante un comité del Senado, donde reconoció que sus subalternos destruyeron en 2005 varios videos de interrogatorios comprometedores para ese servicio.

Hayden alegó que los oficiales deshicieron las cintas para garantizar la seguridad de los interrogadores, pero que la jefatura de la CIA prevé investigar el proceso hasta las últimas consecuencias.

Influyentes congresistas consideran que los videos, grabados en 2002, demostraban cómo expertos del espionaje norteamericano aplicaron torturas reiteradas para tratar de obtener informaciones por boca de personas sospechosas de terrorismo.

Los representantes demócrata Silvestre Reyes y republicano Peter Hoekstra recordaron a Hayden que su organismo jamás informó ni pidió un permiso oficial para hacer desaparecer un material fílmico de tanta relevancia documental.

Hasta el momento se conoce que el funcionario que emitió la orden directa en noviembre de 2005 fue José Rodríguez, entonces jefe del Directorio de Operaciones.

Oficiales subordinados a Rodríguez confesaron que dos años antes abogados vinculados al Departamento de Justicia indicaron la necesidad de conservar las grabaciones, pero la CIA incumplió la ordenanza federal.

Grupos de derechos humanos cuestionan la legitimidad del proceso y afirman que la agencia cometió un delito típico de obstrucción de la justicia para encubrir sus sistemas de torturas y coerción contra detenidos.

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