lunes, 31 de marzo de 2008

Fiscalía colombiana acusa a 15 militares por masacrar a 11 personas en 2005


La acusación fue formulada por el paramilitar Jorge Luis Salgado, quien señaló a los uniformados como responsables de los asesinatos cometidos en esa localidad.

La Fiscalía colombiana solicitó al comandante del Ejército, Mario Montoya, la captura de 15 militares que participaron en la masacre de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia (noroeste), ocurrida el 21 de febrero de 2005, donde fueron asesinados 3 niños y 8 adultos.

La petición fue hecha hace doce días luego de que el paramilitar Jorge Luis Salgado, supuestamente desmovilizado, señalara a los uniformados como los responsables de haber cometido la matanza que conmocionó a los habitantes de esa comunidad.

Salgado, quien presuntamente solicitó protección a las autoridades por supuestas amenazas en su contra, narró a las autoridades parte de lo sucedido ese día en las veredas de Mulatos y La Resbalosa.

"Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito. Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro. 'Cobra' tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta", relató.

De acuerdo con el relato de Salgado, los grupos paramilitares conjuntamente con miembros de la Brigada XVII del Ejército colombiano se encontraban realizando un recorrido por la zona.

"Ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde llegábamos, sólo que teníamos que ir a la vereda La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército", justificó.

El 21 de febrero de 2005, sin tener acusación por delitos cometidos, fueron masacrados Luis Eduardo Guerra Guerra, de 35 años; Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años; Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Alfonso Bolívar Tuberquia, de 30 años; Sandra Milena Munóz Pozo, de 24 años; Santiago Tuberquia Muñóz, de 2 años, y Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años.

Los cuerpos de estas personas fueron hallados mutilados en la selva.

Por estos hechos, la fiscalía solicitó la captura inmediata de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.

Así como a los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez , Óscar Jaime González y los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.

Desde noviembre del año pasado se encuentra privado de libertad, por el mismo caso, el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.

Para la fiscalía "es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar".

Siguen actuando los "paras"

Aunque fue en 2003 cuando se divulgó que muchos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían depuesto sus armas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los grupos paramilitares siguen activos en el país.

Muchos de los sindicalistas que participaron en la marcha "Por la Paz y contra el paramilitarismo en Colombia", el pasado 6 de marzo, han sido asesinados tras haber denunciado amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares.

La profesora Carmen Cecilia Carvajal fue hallada muerta en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y una semana después fue encontrado sin vida Carlos Burbano, en San Vicente del Caguán, sureño departamento de Caquetá.

Estas personas denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de las organizaciones "Nueva Generación" (ONG) y "Águilas Negras", esta última señalada por Jorge Luis Salgado como una organización paramilitar que hace vida en el país neogranadino.

Asimismo, fueron asesinados Leonidas Gómez, del sindicato Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb); Gildardo Antonio Gómez, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida); Édgar Molina (colaborador de Huipaz); el dirigente Manuel José Reina y Adolfo González, quien laboraba en El Cerrejón y hacía parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) en La Guajira.

Al respecto, un total de 22 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos expresaron al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, su preocupación por las "recientes olas de amenazas, ataques y asesinatos" de defensores de derechos humanos y de sindicalistas.

El grupo se mostró "especialmente preocupado" por el hecho de que esas amenazas y ataques tuvieron lugar poco después de que el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, hiciera "una serie de acusaciones públicas" contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo.

En agosto de 2002, el presidente Álvaro Uribe dio a conocer su intención de negociar algunos términos que permitieran la desmovilización de los paramilitares. En ese sentido, el Congreso aprobó, en 2005, la Ley de Justicia y Paz, una norma jurídica que persigue la "reinserción" de los paramilitares.

TeleSUR - El Tiempo / ms - AV

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