martes, 15 de abril de 2008

EL REINO DE LAS MARAVILLAS


Los voceros del gobierno colombiano siguen insistiendo en las bondades y eficaces resultados de las políticas económicas aplicadas en estos últimos años, haciendo oídos sordos a las advertencias y recomendaciones de muchos observadores y analistas que miran con preocupación el futuro financiero del país.

De un lado, el gobierno Uribe ha incrementado notablemente el gasto y no precisamente para ampliar o mejorar los servicios básicos de salud, educación y vivienda a las mayorías de la población. El gasto militar es el principal responsable de ese aumento, porque para este año 2008 el mismo llegará a la suma de 9.700 millones de dólares = más de 20 billones de pesos, una cifra superior a la que el Estado transfiere a los departamentos y municipios para pagar maestros y servicios de salud.

A esos 9.700 millones de dólares hay que agregarles 1.700 millones de dólares más = 3, 6 billones de pesos que se usarán para la compra de armas y que insólitamente aparecen no como gasto administrativo, sino como inversión social del gobierno.

De hecho la compra de estas armas va a representar el 65% de la inversión social que el gobierno central ha dispuesto para este año. Esta desproporción muestra a las claras la prioridad o importancia que el presidente Uribe le da a sus planes militaristas, en perjuicio de los programas sociales que necesita un país donde 2 de cada 3 habitantes se encuentran en la pobreza.

Colombia es uno de los países del mundo donde en proporción al tamaño de su economía más dinero se gasta en lo militar. El 6,3% de todo lo que produce nuestra economía en un año corresponde a este tipo de gastos, mientras en Estados Unidos con guerras en Irak y Afganistán a bordo ese porcentaje de gastos solo llega al 4,04%.

En plena época de la llamada "Violencia" o guerra civil de 1948 a 1953 el gasto militar en Colombia llegó al 2,2% del producido total de la economía y durante la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-57) alcanzó apenas el 1,5%.

El aumento del gasto militar en el gobierno de Uribe ha ido de la mano con un aumento en el número de soldados, policías y demás agentes de defensa y seguridad reclutados. En el año 2002 cuando llegó el actual presidente al poder había 3,8 soldados por cada mil habitantes. Ahora tenemos más de 5 soldados por esos mismos mil habitantes.

Todo esto se entiende mejor si tenemos en cuenta que de los 566 mil cargos o empleos que dependen directamente del gobierno nacional, 460 mil o sea el 81% de tales empleos estarán ocupados en este año 2008 por gentes vinculadas a las tareas de defensa, seguridad y policía.

En otras palabras la administración Uribe ha convertido el Estado Colombiano en un "Estado gendarme", en un Estado Policía. Este aumento desproporcionado del llamado "pie de fuerza" también se verá reflejado en los próximos años en el pago de las pensiones a los militares y policías que se vayan retirando del servicio. Por cada peso que se gasta en lo militar hay que hacer un fondo o reserva de 47 centavos para cubrir las pensiones de los militares jubilados.

Si bien puede afirmarse que los grupos guerrilleros han perdido cualquier posibilidad de tomarse el poder por la vía armada, debe reconocerse que no están derrotados o aplastados completamente como se pretende hacer creer triunfalístamente a través de los medios de comunicación. Estudios recientes demuestran que por cada 100 guerrilleros retirados del conflicto por muerte o desmovilización, los grupos subversivos logran reclutar 84 nuevos combatientes, lo cual hace surgir muchas dudas sobre la eficiencia de esta lucha ya que el retiro o eliminación efectiva de un guerrillero le está costando al Estado la no despreciable suma de 1.500 millones de pesos = unos 800 mil dólares aproximadamente.

En contraste el gobierno ha anunciado que dará una compensación económica de 18 millones de pesos = unos 9 mil dólares aproximadamente a cada una de las 130 mil víctimas del conflicto político militar en el país que están inscritas en las listas oficiales, suma que resulta irrisoria para los muchos huérfanos y viudas que perdieron no solo a sus padres y esposos, sino sus tierras y pequeñas propiedades a manos de los cabecillas de esos grupos armados irregulares que controlan o tienen en su poder más de 6 millones de hectáreas y fortunas que superan los 6 mil millones de dólares.

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