sábado, 20 de septiembre de 2008

José Miguel Vivanco: ¡Hasta que al fin!


El Gobierno venezolano expulsó el jueves por la noche a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, horas después de la divulgación de un crítico informe de esa organización humanitaria sobre la acción del Ejecutivo del presidente Hugo Chávez.

Vivanco "ha violentado la Constitución y las leyes" de Venezuela, "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana e inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.

Por ello, el Gobierno "ha decidido expulsar del territorio venezolano al referido ciudadano", portador de un pasaporte chileno, y al estadounidense Daniel Wilkinson, también miembro de HRW, puntualizó.

El Estado venezolano debe "hacer respetar la soberanía nacional (...) frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de derechos humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo", añade el comunicado.

En declaraciones a la televisión oficial, el canciller Nicolás Maduro confirmó que Vivanco, que había llegado a Caracas para presentar el informe de HRW, ya se encuentra fuera del país. La expulsión "es un mensaje claro a quien intente venir a conspirar desde dentro", consideró el ministro. Quien se inmiscuya "en los asuntos internos de Venezuela" obtendrá la "misma respuesta", enfatizó Maduro.

La organización defensora de los derechos humanos presentó el jueves en Caracas un informe en el que aseguró que el gobierno de Chávez "ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos" en un intento por "contener a la oposición política" en los casi 10 años que lleva en el poder.

El informe, titulado "Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los DDHH", acusa entre otros al ejecutivo del presidente venezolano de "controlar el poder judicial", "limitar la libertad de prensa" y sindical y "discriminar" a sus opositores.

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