viernes, 30 de abril de 2010

Boicot al racismo en Arizona


Arizona fue el único territorio al oeste de Texas que se separó de la Unión y pasó a formar parte de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Un siglo más tarde, luchó por el reconocimiento del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. Esta semana, la gobernadora republicana del estado, Jan Bewer, promulgó una ley anti-inmigrantes. El proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona autoriza al estado y a la policía local y estatal a detener, interrogar y arrestar a cualquier persona que sospechen que no es residente legal del estado. La ley es una invitación a la discriminación racial abierta y a la detención arbitraria.

La ley aparentemente establece la “aplicación cooperativa de las leyes federales de inmigración en todo el estado de Arizona”, y dispone que “un oficial del orden público puede arrestar a una persona sin orden judicial, si el funcionario tiene causa probable para creer que la persona cometió una falta pública que la haga pasible de ser expulsada de Estados Unidos”.

Por consiguiente, si un oficial de policía sospecha que una persona latina es inmigrante indocumentado, él o ella pueden detener a esa persona. Uno de los blancos a los que apunta esta ley son los trabajadores jornaleros. Es ilegal aceptar (o realizar) una oferta de trabajo en algunos establecimientos al borde de la carretera, e incluso la ley prevé que la “comunicación mediante un gesto o asentir con la cabeza” para aceptar una oferta de trabajo, es una ofensa pasible de arresto. La ley S.B. 1070 va más allá y facilita la denuncia anónima de comercios de los que se sospeche que tienen empleados indocumentados.

El Presidente Barack Obama denunció el proyecto de ley y afirmó: “Si no actuamos en forma responsable a nivel federal, dejaremos lugar a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos en Arizona, que amenazan con socavar las nociones básicas de justicia y equidad que valoramos como estadounidenses, además de la confianza entre la policía y la comunidad que es tan importante para vivir en una sociedad segura. De hecho, ordené a los miembros de mi gobierno que sigan de cerca la situación y examinen las repercusiones que esta legislación pueda tener en los derechos civiles, así como también cualquier otro tipo de implicancias que pueda tener”.

Hay una fuerte reacción en contra de este proyecto de ley en Arizona y en todo el país. El congresista Raul Grijalva, demócrata de Tucson, Arizona, y co-presidente del Comité Progresista del Congreso, está al frente de la oposición a la polémica ley. Me dijo: “Es una licencia para la discriminación racial. Genera una condición de segunda clase principalmente para los latinos y las personas de color en el estado de Arizona…Arizona ha sido el laboratorio para este tipo de iniciativas racistas severas”.

Grupos legales están preparando impugnaciones a la ley. Sunita Patel es abogada del Centro por los Derechos Constitucionales. Según Patel, la ley “Permite a los organismos locales del orden público acceder no solo a las bases de datos del FBI, cosa que tradicionalmente han hecho, sino que también les permite sincronizarlas con las bases de datos de inmigración, que tienen fama de no ser confiables debido a los errores en el ingreso de los datos, debido a que tienen información incorrecta sobre la situación de ciudadanía de muchas personas…Y la ley está poninedo en marcha esta amplia red”.

Grijalva le está pidiendo al gobierno federal que se niegue a cooperar con Arizona. “Las cuestiones de inmigración son juridicción de la ley federal y si le pedimos al presidente que no coopere con la implementación de esta ley de Arizona mediante la Oficina de Seguridad Nacional, mediante la Patrulla Fronteriza, dando la orden de no detener y tomando una postura de no cooperación del gobierno federal de Estados Unidos y los organismos federales, le restaría sentido a gran parte de esta legislación y la volvería ineficaz”, dijo.

También pide que la gente boicotee a su propio estado: “Apoyo algunas sanciones económicas específicas dirigidas al estado de Arizona. Le pediremos a las organizaciones nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, religiosas y políticas que no realicen conferencias ni convenciones en el estado de Arizona. Que esta acción, esta legislación tiene que tener una consecuencia económica. Y las buenas organizaciones de todo el país, las organizaciones decentes que están de acuerdo con nosotros en que este proyecto de ley es abiertamente racista, que es inconstitucional y severo, que es injusto, deberían evitar realizar actividades económicas en este estado”.

La Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA, por sus siglas en inglés) decidió trasladar su conferencia anual de 2010 de Arizona a otro estado. El miembro del Concejo Municipal de San Francisco, David Campos, dijo que Arizona “de un momento a otro retrocedió en el tiempo una generación en materia de conquistas de derechos civiles”. Campos está seguro de que su resolución, que pide a la ciudad que boicotee a Arizona, será aprobada. Se está considerando realizar boicots similares en Oakland, California, y El Paso, Texas. 

El periodista deportivo David Zirin apoya un boicot a los Diamondbacks, el mayor equipo de la liga de béisbol de Arizona.

Alrededor del 30 por ciento de la población de Arizona se autodefine como hispana. Fue un boicot el que finalmente obligó al estado a reconocer el Día de Martin Luther King Jr. Es lamentable que nuevamente se deba recurrir a tácticas similares.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman

sábado, 24 de abril de 2010

El Vaticano es demandado por presunto encubrimiento de abuso sexual

Democracy Now, publica hoy:

Un residente de Illinois está demandando al Vaticano y al Papa Benedicto XVI por presuntamente encubrir los abusos sexuales que ocurrieron durante dos décadas en una escuela católica de Wisconsin. 

Documentos internos publicados el mes pasado indicaban que autoridades del Vaticano—entre las que se encontraba quien luego se convirtió en el actual Papa—decidieron no apartar del sacerdocio al cura de Wisconsin, el Padre Lawrence Murphy, a pesar de las pruebas de que había abusado de 200 niños sordos. 

El demandante no identificado dice que fue una de las víctimas de Murphy. También dice que le escribió al Vaticano sobre Murphy en 1995, un año antes de la fecha en la que las autoridades del Vaticano dicen que fueron informadas por primera vez.

El Diario de Yucatán, revela en su página web:

CHICAGO, Estados Unidos (Notimex).- Un hombre de Illinois, Arturo Budzinski, demandó hoy a El Vaticano y al Papa Benedicto XVI por encubrir abusos sexuales de un sacerdote en una escuela católica en Wisconsin.

La demanda, interpuesta por quien se dice víctima del cura Lawrence Murphy cuando era un estudiante de una escuela para sordos, exige al Vaticano difunda los nombres de miles de sacerdotes católicos que tienen acusaciones por abusos sexuales.

Budzinski habló, a través de su hermana como intérprete, en una conferencia de prensa luego de presentar la demanda en una corte de Milwaukee, Wisconsin.
Dijo que la Santa Sede ha sabido sobre el gran problema de abusos sexuales de niños por el clero católico, pero los ha encubierto y de esa forma ha perpetuado el abuso.

Explicó que la demanda incluye al Papa Benedicto XVI porque es quien tiene la última palabra para remover a los sacerdotes, así como por su implicación en la revisión de casos de abuso sexual cuando era el cardenal Joseph Ratzinger.

El reverendo Murphy, ya muerto, abusó de al menos 200 jóvenes, se aseguró en la conferencia.

"La iglesia sabía que había una alta probabilidad que estos clérigos molestarían sexualmente a más niños, pero intentaron protegerse contra el escándalo'', reiteró el demandante.

El mismo bufete de abogados de Minnesota, que representa a Budzinski, presentó también una demanda este miércoles a nombre de un residente mexicano quien asegura que un sacerdote abusó de él sexualmente, pero no se abundó en este caso.

En tanto, en Illinois, la fiscalía del condado de Kane, presentó cargos contra el sacerdote católico boliviano, Alejandro Flores, acusado de abusar sexualmente de un menor y acosar a su hermano.

Flores está actualmente preso, con una fianza de un millón de dólares, y se le acusa de abusar de un menor de ocho años en 2005 y acosar sexualmente al hermano del pequeño, que tenía 13 años, mientras era seminarista y estaba asignado a una iglesia del oeste de Chicago.

El año pasado Flores fue trasladado a una iglesia en un suburbio del sur de la ciudad y a principios del 2010 el religioso fue detenido, pero antes de su arresto intento suicidarse lanzándose desde un balcón de una iglesia en la ciudad de Joliet.



Esta es la noticia reseñada por AFP:

La presunta víctima de un cura acusado de pedofilia denuncia al Vaticano

La presunta víctima de un sacerdote estadounidense acusado de pedofilia demandó el jueves al Papa y al Vaticano, en un intento para abrir archivos secretos que contienen investigaciones internas sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica Romana.
"Esta demanda pide más acciones del Vaticano y la expulsión de cada sacerdote que haya atentado contra cualquier niño y de cada obispo y cardenal que haya sido cómplice de esos crímenes", dijo el abogado Jeff Anderson en una conferencia de prensa. "Hay un doloroso y largo historial del Vaticano y de sus altas instancias (...) encubriendo y suprimiendo la verdad y protegiéndose a sí mismos y a su reputación en lugar de a los niños", denunció.
La demanda fue presentada en defensa de una víctima, no identificada, de supuestos abusos por parte del sacerdote pedófilo Lawrence Murphy, acusado de abusar de hasta 200 chicos en una escuela para sordos en Wisconsin (centro oeste).
El Tribunal Supremo debe sin embargo determinar si el Vaticano, que clama inmunidad soberana, puede ser demandado ante la justicia estadounidense.
Conclusión: Da como miedo ser católico... ¿No?