miércoles, 1 de septiembre de 2010

Departamento de Estado trata de sacarle jugo a la muerte de Franklin Brito

Estados Unidos se dijo este martes “entristecido” por la muerte de Franklin Brito, quien se mantuvo en huelga de hambre durante varios años.

“Nos entristeció conocer la noticia de la muerte de Brito, y extendemos nuestras condolencias a su familia”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, a periodistas.

Crowley dijo que Washington “seguió de cerca este caso”, pero se limitó a señalar que corresponde al gobierno de Venezuela “dar las explicaciones”.

Brito, de 49 años, murió el lunes en Caracas tras seis años de protestas. Durante esos años contó con el apoyo de los medios privados de comunicación que, excitados, iban periódicamente a verificar su deterioro lento y mortal.

Una franquicia de la muerte:

Guillermo Fariñas, Orlando Zapata Tamayo y Franklin Brito son tres nombres bajo una misma estrategia. Los tres casos se sustentan en una campaña publicitaria internacional para sustentar la teoría de una supuesta violación de derechos humanos en Cuba y en Venezuela.

Franklin Brito no defendía el derecho a la vida. Exigía su derecho a la muerte y lo hacía con vehemencia. El ayuno al que se sometió fue voluntario y consciente. Tras una vida anodina quiso ganar celebridad con su larga agonía.

Brito no era propietario legítimo de los terrenos que decía poseer y fue en el 2003 cuando el gobierno Bolivariano le entregó al agricultor la titularidad de 290,20 hectáreas productivas del fundo La Iguar- Luego de recibir la titularidad legal de sus tierras, Brito continuó exigiendo una indenmización. La ambición del terrateniente pudo más que su amor propio y se inhibió de la ingesta de alimentos hasta colapsar.

El tránsito consciente a la muerte no es una violación de los derechos humanos. El 14 de enero de 2010, la Fiscalía General de la República inhabilitó mentalmente a Franklin Brito y ordenó su reclusión en el Hospital Militar para recibir la ingesta necesiaria de nutrientes. Los familiares de Brito protestaron porque la medida le inhabilitaba para matarse de hambre “pacíficamente”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a favor de Brito, y hasta se anunció que la hija y la esposa del terrateniente irían a Washington a abrir una sucursal de la protesta en la sede de la OEA.

Brito fue atendido en todas las instancias competentes

Cada una de los reclamos que hizo el productor agropecuario recibió respuesta de las instituciones del Estado venezolano.

En 2003, cuando Brito inició su primera huelga de hambre para denunciar la supuesta invasión de sus terrenos, una comisión del Instituo Nacional de Tierras (INTI) acudió a sus predios para practicar una inspección en la que fue descartada el solapamiento.

En 2005, el INTI ratificó la propiedad privada de Brito al otorgarle el registro agrario correspondiente y verificó nuevamente que no existiera solapamiento alguno con los documentos de sus vecinos.

No obstante, Brito apeló ante las instancias judiciales pero su requerimiento fue declarado sin lugar al comprobarse que disfrutaba plenamente de las garantías de propiedad de sus tierras.

La respuesta del productor agropecuario a la decisión de la justicia venezolana fue mutilarse un dedo ante las cámaras de televisión.

Al año siguiente, Brito introdujo un recurso ante un juzgado superior que fue declarado inadmisible. Se designó al Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, para que atendiera el caso y al poco tiempo se le abrieron nuevos caminos de acceso a su finca para evitar las disputas con los vecinos, y se acordó el mejoramiento de cercas, alcantarillado, entre otros beneficios a las tierras de su propiedad.

En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conoció el caso y comprobó que “no existían los elementos alegados por el ciudadano (…) en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad”.

En 2008, ante una nueva huelga de hambre y la inminencia de su muerte, el gobierno bolivariano envía al presidente del INTI a prestarle asistencia a Brito para atender el llamado de revocatoria a los títulos de propiedad a sus vecinos.

Ese mismo año el Gobierno nacional decidió otorgar de manera gratuita un tractor y una rastra, reparó su vehículo, donó insumos agrícolas y deforestó 40 hectáreas de sus tierras.

A esas alturas, a pesar de que el Gobierno venezolano había atendido a todas sus solicitudes, Brito inició su tercer ayuno voluntario en agosto de 2009 a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A finales de 2009, se emitió la medida de amparo mediante la cual se trasladó a Brito hasta el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en el que recibió los cuidados necesarios para mantenerse con vida a pesar de su decisión de no ingerir ningún tipo de alimentos.

La acción fue reconocida y aplaudida por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Cruz Roja, La Media Luna Roja, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos representantes asistieron en el mes de junio a una reunión en Caracas con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, para conocer el estado de salud de Brito.

“Nunca había visto a un Estado tan preocupado por la defensa de los derechos de un solo hombre como ha sido con el caso de Franklin Brito”, fue la consideración que hizo el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair, al salir del encuentro con Jaua y Maduro.


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